El presidente Alan García recién se pronunció esta mañana sobre el espinoso tema de la eliminación de la renta básica en telefonía fija. Como se sabe, el miércoles 13 el proyecto de ley fue aprobado en el seno de la Comisión de Defensa del Consumidor, presidida por Yonhy Lescano, sin mayor trámite.

Un día después la norma era aprobada con amplia mayoría por el Pleno del Congreso, luego de ser exonerada de su prepublicación en el portal del Legislativo. No solo eso: también se le exoneró de una segunda votación.

Durante la campaña electoral, el entonces candidato García Pérez se mostró en más de una oportunidad a favor de eliminar este costo en telefonía. ¿Cuál sería su posición ahora como jefe de Estado?, se preguntaban muchos analistas.

Y es que cuesta creer que la aprobación de la referida norma, con ayuda de la disciplinada bancada aprista, no contaba con la venia de García. Para Augusto Álvarez Rodrich, director de Perú.21, se trataba de una herramienta de negociación. Y las palabras de García esta mañana no hacen más que confirmar esa sospecha.

El presidente dijo estar de acuerdo con el fondo de la norma y no con la forma. Según García, la norma tiene nombre propio, el de Telefónica, y eso contraviene la Constitución. Además, al afectar un contrato-ley, la transnacional española puede recurrir a tribunales internacionales y ganar. Ergo, la imagen del Perú ante los inversionistas extranjero quedaría afectada (Sí, sé que es increíble escuchar a García hablar de esto).

Por eso, anunció que enviará un proyecto de ley mejorado para su debate en el Legislativo o en su defecto renegociará el contrato con la empresa de telecomunicaciones.

Sé que el costo de la renta básica en el Perú es alto. En casa pagamos 48.92 nuevos soles por este concepto. Pero ¿a quién no le gustaría que otros servicios y productos bajen de precio? Eliminar la renta básica con una ley es solo pura demagogia.

Sin embargo esto no exime al Gobierno de negociar con los directivos de la empresa mejores condiciones. Y si es necesario, renegociar el contrato-ley firmado entre el Estado peruano y Telefónica.